Cada sector tiene su propio régimen de contrato: la LAU y la Ley 12/2023 en vivienda habitual, fianza de 2 mensualidades y duración libre en uso distinto, régimen de CCAA en habitación. ContratoListo adapta la detección de zona tensionada, gran tenedor y duración correcta al régimen de cada sector.
El alquiler de la vivienda habitual —residencia efectiva y permanente del inquilino— es el régimen pleno de la LAU y la Ley 12/2023: fianza de una mensualidad, prórroga obligatoria de 5/7 años y prórrogas extraordinarias por vulnerabilidad y por zona tensionada.
El alquiler de un local, oficina o establecimiento para el ejercicio de una actividad económica es uso distinto del de vivienda: fianza de dos mensualidades, duración y prórrogas libremente pactadas entre las partes y renta sin el límite legal que sí aplica al alquiler residencial.
El alquiler de temporada es una cesión de uso temporal —estancia de días o meses por una causa distinta de la vivienda habitual— que se rige por el Código Civil, no por la LAU de vivienda: la fianza y la duración las pactan las partes y la estancia termina al vencer el plazo de la cesión.
La inmobiliaria de gestión capta el mandato del propietario y redacta los contratos de alquiler de su cartera de inmuebles como un servicio al cliente; responde de la conformidad legal de esos contratos y una plantilla con cláusulas nulas le traslada el riesgo profesional.
El despacho de administración de fincas lleva una cartera de propietarios y genera sus contratos de arrendamiento en volumen, cada uno con su municipio y su régimen de zona tensionada y gran tenedor distinto, con un único error capaz de convertir un desahucio en fallido.
El inversor rentista acumula inmuebles en cartera como activo de renta y cruza el umbral de gran tenedor (más de 10 inmuebles a nivel estatal, o 5 o más viviendas en zona tensionada en Cataluña), lo que dispara el límite de renta por índice de referencia y la conciliación previa obligatoria.
La vivienda protegida o social es una vivienda calificada por la administración pública: la renta máxima la tasan los servicios de vivienda, la adjudican por el registro de demandantes y las cláusulas del contrato se ciñen a la normativa de protección por encima de la LAU general.
El alquiler de una habitación suelta dentro de una vivienda a un estudiante sigue el régimen autonómico de arrendamiento de habitación: la fianza y la convivencia del inquilino con los otros ocupantes de la vivienda se regulan por la CCAA y la estancia suele acabar con el curso académico.